El 22 de abrilde2021, la Comisión Federal de Competencia Económica (“Cofece”) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica publicado el pasado 9 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación de la Federación (la “Reforma a la LIE”). La Reforma a la LIE es considerada por Cofece como violatoria de los principios constitucionales de competencia y libre concurrencia, y por consiguiente de sus facultades para proteger el proceso de competencia en el mercado de generación y suministro de electricidad.
Cofece considera que la Reforma a la LIE:
- Quebranta la regla de acceso abierto y no discriminatorio a las redes de distribución y trasmisión, lo que reduce la capacidad de competir de ciertos generadores y comercializadores.
- * Elimina el criterio de despacho económico de las centrales eléctricas, otorgando ventajas indebidas en favor de la Comisión Federal de Electricidad (“CFE”), anulando la capacidad de competir de otros agentes en el eslabón de generación.
- Diluye la regla de acceso abierto a las redes, habilitando negativas de acceso a este insumo indispensable cuando no existan impedimentos o justificaciones legítimas para ello.
- Permite a suministradores del servicio básico, específicamente a la CFE, la adquisición de la energía a través de métodos no competidos, ampliando indefinidamente el régimen legado, que originalmente era transitorio.
A juicio de Cofece, las medidas contenidas en la Reforma a la LIE son contrarias a la Constitución y eliminan las condiciones necesarias para que exista una dinámica de competencia en el mercado eléctrico. Esto a su vez se traduciría en una perturbación en las condiciones de oferta de la electricidad, así como en daños al consumidor y a la economía en general.
Como referencia, una controversia constitucional es un proceso jurisdiccional de control de regularidad constitucional seguido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (la que tiene jurisdicción originaria) en la que se dirimen conflictos de constitucionalidad o de legalidad surgidos a partir de las distribuciones competenciales en los distintos órdenes jurídicos o derivados del principio de división de poderes.
El trámite de la controversia constitucional contempla la emisión de suspensiones a los efectos de los actos materia del conflicto. Este proceso puede tomar en promedio entre 8 y 12 meses en ser resuelta por la Suprema Corte.
En González Calvillo contamos con equipos experto en regulación energética, competencia económica y defensa constitucional, por lo que estamos preparados para brindar la asesoría que requieran en relación con la Reforma a la LIE y la controversia constitucional.
Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración en relación con el alcance del presente documento.
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